La periodista y actriz argentina Soledad Silveira viajó hasta Paraguay para entrevistar al presidente Fernando Lugo y a Benigna Leguizamón, quien lo demandó por filiación.
En una programación emitida por el canal argentino Telefe, Leguizamón aseguró haber tenido una relación con Lugo y dijo que él "nunca se cuidó".
Reconoció que el ex obispo la ayudó con todos los gastos durante el embarazo, pero que luego la abandonó.
En una parte de la entrevista, la mujer sostuvo que el ex obispo, antes de conocer a su pequeño, le preguntó si su miembro viril "era grande como el suyo".
EN PARAGUAY, PERIODISMO COMPLACIENTE
Varios periodistas paraguayos han sido acusados por sus colegas de intentar minimizar el escándalo por los abusos cometidos por el pederasta confeso Fernando Lugo.
Uno de ellos es Amadeo Maidana, quien hoy intenta defenderse en una columna del diario La Nación:
http://www.lanacion.com.py/noticias-242466.htm
"No soy luguista, así como nunca fui nicanorista. Nunca viví de la publicidad de Itaipú o Yacyretá como muchos de ellos, ni recibí otros favores como algunas que creen que hice pregunta “colchón” se defiende el polémico Maidana.
AMENAZAS AL PERIODISMO
El caso de los periodistas encubridores, contrastan con el de los que son amenazados por sus denuncias.
La periodista mexicana Sanjuana Martínez, quien publicó recientemente un libro en el que se denuncian casos de pederastia en la Iglesia católica de su país, informó el miércoles a Afp que teme por su vida, por amenazas de muerte recibidas por vía telefónica.
"Llevaba 20 años fuera del país, tengo apenas unos meses y desde la publicación del libro (a principios de noviembre) ya he sido amenazada de muerte; además, durante semanas varios automóviles me han seguido en un intento por intimidarme", explicó Martínez.
La periodista es autora de El manto púrpura, un texto en el que se expone que el cardenal primado de México, Norberto Rivera, ha encubierto al sacerdote Nicolás Aguilar, acusado en Estados Unidos de haber abusado sexualmente "en tan sólo nueve meses a 26 niños en 1987", explicó.
"Las democracias se miden por la protección a sus periodistas, ahora la Iglesia católica mexicana ha tomado el camino fácil de intentar matar al mensajero, cuando el problema no es mi libro sino los delitos que algunos sacerdotes cometen, y la impunidad que reina en este país", agregó Martínez.
"Responsabilizo a Norberto Rivera de lo que pueda pasarme a mí y a mi familia, yo no soy una heroína, sólo hago mi trabajo al entrevistar a las víctimas de abuso sexual", enfatizó la autora.
Martínez centra su libro en el caso de un joven, Joaquín Aguilar, quien presuntamente fue abusado sexualmente por el sacerdote mexicano Nicolás Aguilar.
En septiembre pasado, la víctima presentó una demanda civil en Estados Unidos contra de Norberto Rivera, acusándolo de encubrir los casos de pederastia.
Según lo expuesto en la querella, el cardenal mexicano se entrevistó hace años con los familiares de los niños abusados para convencerlos de que "perdonaran" al sacerdote.
"La actitud de la Iglesia católica en México es proteger a los curas pederastas moviéndolos de parroquia en parroquia o incluso de país. En el caso de Nicolás Aguilar, ellos (la jerarquía eclesiástica) saben dónde se esconde y no quieren colaborar con la justicia", lamentó la periodista.
En un reportaje especial publicado por La Jornada, la reportera escribió: "La intervención de Rivera Carrera fue decisiva para dejar impunes los crímenes de Aguilar Rivera, quien aún ostenta su ministerio sacerdotal y vive tranquilamente entre Puebla y Morelos".
Y agrega, que tan lo encubre, "que las víctimas al ir a denunciar al cura afirman haber tratado con el cardenal Rivera, quien personalmente recibió a los afectados."
CONDENA POR NO VIGILAR A PEDERASTA
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Arzobispado de Madrid, dirigido por el cardenal Rouco Varela, como responsable civil subsidiario (se hará cargo de la pena económica) en el caso de un cura pederasta del barrio madrileño de Aluche. Rafael S. N. ha sido penado con dos años de cárcel y obligado a indemnizar con 30.000 euros a la víctima por los abusos sexuales cometidos.
Así se confirma en el auto del TS, al que ha tenido acceso 20 minutos, en el que se rechaza el recurso presentado por Rouco Varela contra la resolución dictada por la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid el pasado mes de octubre.
El TS es muy contundente en sus razonamientos jurídicos contra la Iglesia y afirma en la sentencia que «el Arzobispado debía haber vigilado el comportamiento del cura, de 74 años, Rafael S. N., el cual cometió los abusos sexuales contra un menor, entre los años 1999 y 2001, en la sede de la vicaría».
En su casa y en la vicaría
El tribunal considera probado que el hombre abusó del menor, que entonces tenía 13 años de edad, utilizando «la excusa de que ello era bueno y sano para el desarrollo corporal».
Rafael ejercía su ministerio sacerdotal en su condición de secretario de la vicaría en la parroquia de Santo Domingo Guzmán. Así, conoció a la familia del niño, a cuya vivienda acudía a menudo para el cuidado y apoyo escolar de los menores.
El auto relata que el sacerdote obligó al niño a mantener contactos sexuales, entre los que se incluían tocamientos, en la casa de la familia y en la vicaría. Según el fallo, el condenado obtuvo «un favor sexual» de la víctima con su consentimiento, si bien éste aparece «viciado por la situación de superioridad manifiesta» del acusado.
Los abusos, «secreto pontificio»
En mayo de 2001, el cardenal J. Ratzinger, cuando aún no era Papa, sino prefecto por la Congregación para la Doctrina de la Fe, envió una carta a todos los obispos católicos declarando que las investigaciones internas de la Iglesia sobre los casos de abuso sexual infantil estaban sujetas a secreto pontificio y que no debían ser reportadas a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones fueran completadas, bajo pena de excomunión. Ratzinger confirmó que «el secreto es válido sólo para la investigación interna, y la carta no pretende que las víctimas no informen a la Policía». Como consecuencia, los legisladores cambiaron la ley obligando al Obispado a informar a la Policía.
Otros casos
J. O’Connell: Obispo de Florida. Dimitió después de asumir que su diócesis pagó a las víctimas para ocultar sus abusos sexuales.
Gregorio S.: Párroco en Igualada (Barcelona). ¡A sus 61 años abusó sexualmente de una joven deficiente mental en 2000.
B. Law: Arzobispo de Boston, encubrió conscientemente cientos de abusos de sacerdotes en 2002.
B. Comiskey: Obispo irlandés, dimitió en abril de 2002 tras encubrir los abusos de un sacerdote.
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